Proyectos 2022-10
Reto 1: Fundación ProBono Colombia
De todos los casos que recibe la Fundación hay unos “casos huérfanos” que no son seleccionados por ningún abogado.La Fundación ha notado que en el pasado el número de casos que llegan ha aumentado. Sin embargo la cantidad de estos casos que no se seleccionan por ningún abogado también aumenta (ver línea azul de la Figura 1). Un escenario que no es deseable es que esta cantidad de casos que no se seleccionan sigan aumentando (escenario temido - línea naranja en la Figura 1). Lo que la Fundación quisiera es que en el futuro la cantidad de casos que no se seleccionan disminuyeran (escenario deseado - línea verde en la Figura 1)

El reto es el siguiente: ¿cómo reducir de manera sostenible la cantidad de casos que no se seleccionan por ningún abogado?
Reto 2: peticiones a la Corte Constitucional
La presidencia de la Corte Constitucional cuenta con un equipo de abogados que  recibe una gran cantidad de peticiones de los ciudadanos. Por lo general, estas solicitudes tienen tres características: (i) se refieren a temas que no tienen que ver con las funciones de la Corte (por ejemplo sobre trámites ante el Estado o consultas legales que hacen las personas para resolver un pleito legal); (ii) representan una carga excesiva de trabajo dentro de la Corte; y (iii) pueden ser automatizadas porque hay temas recurrentes (una funcionaria de la Corte calcula que la tasa de respuestas automáticas puede ser de casi el 80%).  

En la presidencia de la Corte se percibe que en los últimos años estas peticiones que no necesariamente están relacionadas con las competencias de la Corte han aumentado (línea azul en la Figura 1). Como se mencionó anteriormente estas peticiones representan una carga importante de trabajo para la Corte pues deben igual dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos. Un escenario que no es deseable es que estas peticiones sigan en aumento en los próximos años (línea naranja en la Figura 1). La presidencia de la Corte desearía que estas peticiones que no corresponden a las competencias de la Corte disminuyeran a lo largo del tiempo (línea verde en la Figura 1). 

El reto es el siguiente: ¿cómo caracterizar las peticiones que llegan a la presidencia de la Corte y que no están relacionadas con sus competencias y buscar la forma de que se reduzcan para así liberar cargas de trabajo dentro de la Corte que pueden ser destinadas a otras labores?
Reto 3: actualización de jueces
En el imaginario de la ciudadanía la Corte Constitucional resuelve todas las tutelas pero en realidad revisa muy pocas. Según datos oficiales de la Corte, en el 2020 se presentaron 290,534 tutelas. En el mismo periodo de tiempo la Corte resolvió 237 tutelas. Esto quiere decir que la tasa de selección ese año de casos de tutela dentro de la Corte fue de solo el 0.08%  Los jueces de menor rango son quienes tienen que proteger de manera inmediata los derechos de los ciudadanos pero es común que no tengan acceso a información actualizada sobre lo que ha dicho la Corte sobre un tema, información que es importante para orientar su trabajo y poder tomar las mejores decisiones posibles. En la medida en que los jueces tengan herramientas adecuadas para tomar decisiones que tengan en cuenta las últimas decisiones de la Corte se podrían aliviar otros puntos del sistema (por ejemplo impugnaciones).

En la medida en que se producen nuevas decisiones de la Corte, se requiere que los jueces se actualicen y tomen las decisiones basadas en esta nueva información que se produce. Es posible que no todos los jueces estén actualizados en todas las decisiones (ver línea azul en la Figura 1). Un escenario que no sería deseable sería que a pesar de que la Corte tome nuevas decisiones, los jueces no se actualicen y sigan tomando decisiones sin considerarlas (ver línea naranja en la Figura 1). El escenario deseable sería que en la medida de lo posible la mayor cantidad de jueces estén actualizados con las últimas decisiones de la Corte a la hora de tomar sus propias decisiones.  

El reto es el siguiente: ¿cómo lograr que los jueces de tutela estén actualizados con las últimas decisiones de la Corte y así puedan decidir mejor y más fácil los casos que llegan al sistema judicial todos los días?
Reto 4: Clínica PAIIS (Consultorio Jurídico Uniandes)
La Ley 1996 de 2019 eliminó la figura de “interdicción” mediante la cual las personas en condición de discapacidad estaban sujetas a un acompañamiento por parte de otra persona para poder tomar cualquier decisión frente a su vida, incluyendo cómo y cuándo acceder a la justicia en caso de tener una necesidad jurídica. Ahora existe un modelo de apoyo integral para que las personas en situación de discapacidad puedan actuar con plena autonomía. Por esta razón ahora esta población puede acceder a la justicia de forma directa y el Estado está en la obligación de implementar las medidas necesarias para garantizar ese derecho. Sin embargo la Clínica PAIIS ha identificado que la realidad es que los juzgados no cuentan con las herramientas y mecanismos para que estas personas puedan acceder a la justicia por su cuenta sin la ayuda de un tercero. 

En el pasado ninguna persona en condición de discapacidad podía acceder a la justicia de manera autónoma (línea azul en la Figura 1). A partir de la Ley 1996 se espera que se incremente el número de estas personas que pueden acceder de manera autónoma a la justicia (escenario deseado, ver línea verde en la Figura 1). Lamentablemente en la medida en que no existan hojas de ruta y mecanismos adecuados, puede ocurrir que en la práctica ninguna persona en condición de discapacidad pueda acceder a la justicia por su propia cuenta (ver línea naranja en la Figura 1). 

El reto es el siguiente: ¿cómo promover el acceso efectivo y la participación directa ante la justicia de personas con discapacidad, mediante herramientas que pongan en marcha el reconocimiento que hace el derecho de su capacidad legal plena?

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